Políticas de reconstrucción ignoran zonas marginadas
A pesar de las promesas de las autoridades de apoyos sociales y la liberación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, muchas mujeres que se han hecho cargo de lo que quedó de sus hogares en la periferia de la capital, siguen a la espera de saber qué sucederá.
Después de 58 días del sismo la información para las personas afectadas llega a cuentagotas y mientras el Gobierno capitalino busca restablecer la economía en las colonias Roma y Condesa, en lugares alejados, con pobreza y precariedad como San Gregorio Atlapulco en la delegación Xochimilco y la colonia Del Mar en Tláhuac, permanece la incertidumbre.
Por el sismo de 7.1 grados 228 personas perdieron la vida en la Ciudad de México, de ellas 90 eran hombres y 138 mujeres; también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles principalmente en ocho zonas: Lindavista, Iztapalapa, Condesa, Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar).
Tras el desastre el Gobierno capitalino informó que la Secretaría de Obras y Servicios demolería 24 inmuebles, pero al recorrer albergues y delegaciones del oriente y sur de la ciudad, Cimacnoticias corroboró que para las mujeres como Laura que se refugió en un albergue de la delegación Cuauhtémoc; Karla que vive exiliada de su hogar en Tláhuac; o Guadalupe que radica en Xochimilco, reestablecer sus hogares y sus vidas será mucho más complejo.
VIVIR EN UN ALBERGUE EN TLÁHUAC
En la colonia Del Mar en Tláhuac, delegación al oriente de la Ciudad donde se asientan siete pueblos originarios, el pavimento se abrió a la mitad, las casas se despegaron de las banquetas y se hundieron. Las calles lucen desoladas y sólo se leen carteles colocados por los vecinos que advierten del riesgo de caminar cerca de los postes y bardas que podrían colapsar.
Los hoyos en el suelo muestran las tuberías de agua rotas por el movimiento de la tierra; ante el desabasto del líquido las pipas de las autoridades de la delegación recorren las calles para suministrar agua a las y los vecinos.
En esta colonia el 21 de septiembre Karla con su hija de un año de edad, su esposo y su madre de alrededor de 50 años acudieron al albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar”. Llegaron allí porque una grieta en el suelo de la avenida Guillermo Prieto se extendió hasta su casa, derrumbó una barda y ocasionó múltiples fracturas en las paredes de su hogar.
Hace 40 años su familia comenzó a construir la casa de un sólo piso con paredes de concreto y techo de lámina. Con limitaciones lograron tener una sala, una cocina, la habitación de la madre y un nuevo cuarto que improvisadamente construyó la joven y su pareja para vivir juntos ante el nacimiento de su hija.
Después del temblor la primera autoridad que acudió a la zona fue la policía local para hacer un registro de las grietas, luego los bomberos llegaron a colocar polines en la vivienda y le indicaron a la familia que ya no había riesgo de ingresar, finalmente acudió personal de protección civil, quienes constataron que la vivienda era inhabitable.
Ante los derrumbes de casas en la colonia Del Mar, Karla y otras familias acudieron al Centro Comunitario en espera de ayuda, era una cancha de básquetbol abandona, pero los vecinos se encargaron de transfórmala en un albergue. Una semana después acudieron al lugar funcionarios de la delegación Tláhuac y se responsabilizaron de éste.
“Vinieron unos arquitectos para saber cuánto mide cada terreno, si la vivienda era casa propia y dijeron que nos iban a dar una ayuda para el material de construcción, pero no quedaron en nada, sólo nos dieron la promesa”, declaró apresurada Karla porque tenía que formarse para bañar a su hija, apenas una semana después del sismo tuvo la oportunidad de hacerlo.
Karla de 19 años de edad no tiene familiares que les brinden asilo así que permanece como refugiada, pero ahora en otro lugar porque las lluvias inundaron el Centro Comunitario. Las familias fueron trasladadas primero a la Universidad Marista, frente a la avenida Canal de Chalco, y finalmente al albergue del DIF en San Juan Ixtayopan. En la primera ubicación el lugar albergó a 46 personas (22 hombres, 10 mujeres, 8 niñas y 4 niños, 2 adolescentes).
Así como en Tláhuac la comunidad tomó un edificio abandonado para convertirlo en refugio, en Iztapalapa, otra de las delegaciones afectadas, el Centro Social “Violeta Parra” ubicado enfrente de la Central de Abastos detuvo las actividades de karate, baile y fiestas infantiles que impartía para convertirse en un albergue, relata su directora Alma.
Al espacio cultural convertido en albergue acudieron 10 personas de las colonias Aculco y Lomas Estrella, ambas entre las principales afectadas en Iztapalapa. Los registros de Protección Civil de esta delegación declararon en pérdida total mil 92 viviendas, 5 mil 214 tenían afectaciones de mediana magnitud y otras 11 mil las calificaron con daños menores.
Las y los vecinos hicieron posible el mantenimiento y sostén del albergue: se encargaron de preparar los alimentos, conseguir medicamentos, inclusive de calentar el agua para que las personas se bañaran, relata su directora Alma. La empatía por la pérdida del patrimonio hizo que Sandra, vecina de la colonia, realizara guardias nocturnas por la seguridad de las familias.
“Si me hubiera tocado dices ¿dónde voy? ¿Con quién me acerco? ¿Ya voy a vivir aquí en el albergue? ¿Qué va pasar con mis cosas?”, se imagina Sandra, porque aunque el sismo sacudió toda la Ciudad los estragos fueron diferentes para las colonias marcadas por la desigualdad social y económica. “Un albergue para una familia aquí significa la única posibilidad de vivienda”, dice la mujer de más de 30 años de edad.
En los años que la directora del Centro Social lleva viviendo en Iztapalapa, ha visto el crecimiento de la población acompañado de la desenfrenada construcción de “castillos”, llama así a los departamentos de hasta siete pisos de altura. “Se desbordó la construcción”, coincide su compañera Sandra. Actualmente Iztapalapa concentra la mayor población de la urbe, más de un millón 800 mil personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ambas piensan que una de las razones por las que se edificaron estos departamentos “sin planeación” es porque se desconoce la forma de construir correctamente.
CONSTRUCCIÓN INCONTROLADA
El movimiento de la tierra del pasado 19 de septiembre recordó el terremoto de 32 años atrás. Por coincidencia, tembló el mismo día que la Ciudad de México recordaba la sacudida de 8.1 grados de 1985. Hace más de tres décadas, se consideró el desastre natural más grave que había azotado a la urbe y orilló al gobierno local a crear la Comisión Evaluadora del Sismo.
La Comisión de 1985 fue responsable de la revisión de inmuebles dañados y de establecer nuevas normas en materia de construcciones a “fin de prevenir riesgos y propiciar una mayor seguridad de los habitantes”, como refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de aquel año.
Sin embargo, 32 años después se puede verificar que estas reglas no se respetaron y a pesar de reconocer que el valle de la Ciudad de México es una zona sísmica, el gobierno local no se abocó en crear política pública de planificación urbana, dice contundente la investigadora urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carla Filipe Narciso.
Rápidamente, el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el “Plan de Reconstrucción de la CDMX” con tres ejes de acción: la creación de una plataforma digital que reporta la información de viviendas, negocios e inmuebles públicos afectados por el sismo; los apoyos económicos temporales para las personas damnificadas y la conformación de la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación”, encargada de atender la situación de emergencia.
Más de un mes después del movimiento telúrico, en la Asamblea Legislativa sigue en análisis la iniciativa de Mancera de expedir la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.
Filipe Narciso indica que esta política de reconstrucción no atiende cuestiones sociales, se concentra únicamente en la reparación de edificios. La experta recuerda que “todos estamos en vulnerabilidad por el sismo, pero no todos tienen la misma respuesta ante ella”, y ejemplifica: “en la colonias como Condesa, las personas damnificadas buscaron amigos o familiares para refugiarse”, en contraste, en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa permanecen abiertos refugios por las necesidades de la población.
La última actualización informativa del portal oficial de la reconstrucción del sismo, del 9 de noviembre de 2017, precisa que ocho albergues permanecen en operaciones con un total de 137 personas, se estima que en total más de 34 mil se refugiaron en estos recintos.
“No tienen otra posibilidad”, sentencia la académica que dirige el área de Planificación y política urbana y regional del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM y señala que una verdadera política de Estado implica establecerlos en zonas seguras, garantizándoles en todo momento el derecho a la vivienda. De no ser así, es seguro que busquen vivir en regiones más alejadas de la Ciudad, con mayor vulnerabilidad ambiental y social, señala.
PREGUNTAS EN EL AIRE
Luego de que la sociedad civil se desbordó a las calles para tratar de apoyar a las personas afectadas surgieron varias preguntas que hoy permanecen en el aire, dos son recurrentes: ¿por qué se cayeron edificios prácticamente nuevos y con ello el alto número de pérdida de vidas humanas? y ¿cómo reconstruir para evitar que vuelva a suceder algo similar?
Expertas en ingeniería y arquitectura coinciden en que el principal problema fue que tras 1985 las autoridades capitalinas se evocaron únicamente en crear normatividad sobre cómo debería construirse y en emitir recomendaciones al respecto, mas no en fomentar el trabajo interdisciplinario en las construcciones.
Es decir, en todo este tiempo las autoridades capitalinas no enfatizaron la importancia que tiene cada área involucrada en la construcción de un inmueble: dueños, arquitectos, directores responsables de obra y constructores. “Si alguien no hace su trabajo apegado a la ley, las probabilidades de que una casa colapse son mayores”, explica en entrevista María Martha Zavala Galina, Directora Responsable de Obra (DRO) con 30 años de experiencia.
La ingeniera afirma que urge revisar el reglamento de construcciones vigente para comenzar a responsabilizar a todas las personas involucradas en una construcción. Pues los dueños deben consultar a profesionistas ingenieros o arquitectos y asumir que si sus opiniones no avalan el proyecto no pueden continuar, las y los DRO tampoco deben ceder si los documentos no están en norma, además de ser necesario capacitar a los constructores para garantizar que los materiales y las técnicas usadas sean de la mejor calidad.
Sin esta combinación todo apunta a que los inmuebles seguirán colapsando, particularmente en zonas donde las familias no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de personas expertas, razón que las orilla a la autoconstrucción, afirma la ingeniera civil especialista en estructuras de la UNAM, Mabel Mendoza Pérez y menciona como ejemplo las casas de Xochimilco e Iztapalapa construidas con años de esfuerzo por personas sin los conocimientos necesarios.
Además, conforme los años pasaron aumentó el desinterés por prevenir los estragos de un temblor, esto se vio reflejado en la falta de capacitación al personal DRO sobre cómo actuar ante emergencias sísmicas.
En 1987 Zavala Galina comenzó a ejercer como DRO y cuenta que desde hace 20 años, en 1997, la Secretaría de Obras dejó de capacitar a estos profesionistas como lo hacía anualmente para decirles cómo actuar ante desastres naturales, a cada uno les designaban las zonas específicas de la Ciudad que debían revisar, además de indicarles qué formatos usar y el lugar donde debían reportar los daños.
Sin esas capacitaciones, el pasado 19 de septiembre los DRO tuvieron que organizarse por su cuenta para actuar, a días de cumplirse un mes del sismo las autoridades seguían sin reunirse con ellos, afirma Martha Zavala.
Actualmente de los 2 mil 54 DRO reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sólo 690 siguen activos. Zavala Galina explica que la mayoría no renovó sus licencias por la falta de confianza al Instituto para la Seguridad de las Construcciones -encargado de organizar, autorizar y evaluar a los DRO- que los culpa sólo a ellos en caso de derrumbes, “nos sanciona e ignora que en una construcción influyen también otros profesionistas”.
La ingeniera Mabel Mendoza también enfatizó la necesidad de continuar con una fase de estudios, pues, dijo, tras el sismo es necesario revisar los inmuebles y analizar qué tan funcionales son las recomendaciones y técnicas de construcción vigentes.
Las especialistas coinciden en que repartir responsabilidades y considerar los contextos que se viven en cada zona de la ciudad son dos elementos prioritarios en el proceso de reconstrucción. Recalcan la necesidad de no sólo crear grupos interdisciplinarios que permitan identificar las zonas en la que no conviene construir sino también en planear los lugares a donde se trasladará a las personas damnificadas y que los proyectos “no queden en papel”.
APOYOS A PERSONAS DAMNIFICADAS
Como parte de las acciones para apoyar a las familias, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció 3 mil pesos durante tres meses para que las personas damnificadas puedan pagar una renta, pero mujeres como Laura no tienen esa opción.
Laura, vendedora ambulante de oficio, no tiene contrato de arrendamiento ni recibos por el pago de renta. Tampoco ningún comprobante de su situación. Sabe que no puede acceder a los 3 mil pesos ni a otro apoyo, sólo le queda agradecer a todos los voluntarios que apoyaron para que su familia estuviera segura durante los días difíciles.
Laura, su esposo y sus hijas de dos, tres y nueve años se quedaron sin casa. La familia pasó casi un mes viviendo en el albergue que se instaló en la calle de Izazaga 11 de la colonia Centro. Laura contó su historia desde la litera número 11, esa donde le tocó dormir junto con mujeres que no conocía y que también quedaron damnificadas.
Antes del 19 de septiembre ella pagaba dos mil 700 pesos al mes por vivir en un cuarto de azotea en un edificio de tres pisos ubicado en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Su casa no se derrumbó pero terminó con cuarteaduras por todas partes. “Cuando protección civil entró dijo que ya no era habitable”, recordó.
Después del 19 de septiembre pasó cuatro días como exiliada, primero viviendo en casa de su madre, que también renta, luego pagó una noche en un hotel, después en otro y en busca de un lugar donde dormir llegó a la Casa del Peregrino, albergue habilitado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no hubo lugar para ella.
Buscando información en internet llegó al albergue de la calle Izazaga, número 11, donde permaneció mientras buscaba un lugar para rentar.
Hasta el 9 de noviembre el Gobierno entregó 8 mil 508 cheques de apoyo de renta por medio del Instituto de Vivienda (Invi) y la Secretaría de Finanzas mil 622 “créditos rojos”, es decir, prestaciones de hasta 2 millones de pesos para las familias que perdieron por completo sus patrimonios. De acuerdo con el plan de Mancera, el financiamiento de este último crédito inmobiliario será de recursos del Fondo de Contingencias de la Ciudad de México.
De acuerdo al análisis de Carla Filipe generar créditos inmobiliarios responde a la necesidad del jefe de gobierno por legitimarse al actuar rápidamente y es la forma de escudarse de la responsabilidad que tiene de generar políticas públicas de habitación que piensen en los sectores más afectados.
La doctora en urbanismo y arquitecta de profesión menciona que con las facilidades a las inmobiliarias éstas adecuarán sus construcciones para los sectores populares que se vieron afectados, a precios que seguirán siendo inalcanzables para muchas personas.
Y denuncia: “los créditos no significan facilidades para las personas damnificadas, además, estos van a los bancos, a las agencias hipotecarias, realmente no hay un retorno al Estado, el único beneficiado será el sector privado”.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Hace diez meses Miriam y su esposo llegaron a vivir a un edificio de once pisos ubicado en la calle de San Antonio Abad, número 66. Después de una vida de trabajo la pareja dejó su casa en Tláhuac, vendió su carro e invirtió todo su patrimonio para comprar su departamento. Con él también adquirió una deuda de medio millón de pesos con un banco.
Hoy su casa, valuada en un millón 270 mil pesos, es inhabitable. Después de un mes del sismo algunas unas familias regresaron al lugar pero ella no quiere arriesgarse. “Estamos a la deriva, ¿qué va a pasar? No sabemos”, comenta.
Desde el día del sismo Miriam y otras personas que vivían en el edificio han estado en contacto con una empresa administradora que sirve de enlace entre los vecinos y la empresa constructora Vertical Homes. La constructora les dijo que el edificio es habitable y sólo necesita unos arreglos.
Miriam tiene muchas dudas, primero porque la constructora pidió que las personas cobraran los seguros de sus viviendas y dieran el dinero para comenzar los trabajos de remodelación. La inconformidad ha crecido, pero los vecinos han hecho un pacto de silencio para no entorpecer las negociaciones con Vertical Homes.
“Estoy arrepentidísima de haber comprado, de haber invertido mi patrimonio”, dice al recordar que desde antes del sismo había filtraciones de agua, quejas porque los dos sótanos que no estaban terminados y peleas por el uso de los estacionamientos, algo que aceptaron pero que hoy atribuye a una irregularidad en la planeación y construcción del edificio.
Miriam no acudió a un albergue, tiene dos hijos y su plan es vivir una temporada con uno y después rentar. Ella fue una de las primeras en acudir por los tres mil pesos que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México. Para acceder a este beneficio llevó las fotos de su departamento y sus documentos en orden, pero opina que la cantidad no es suficiente a cambio de la inversión que hizo.
San Antonio Abad 66 es uno de los ocho expedientes de investigación por probables irregularidades administrativas en el proceso de construcción en el periodo 2013-2017. Los otros inmuebles son los de Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, Insurgentes Norte 1260 y Rancho Tamboreo 11 y 19, así como Calzada de las Brujas 34 y 40, según la Contraloría General de la Ciudad de México.
INCERTIDUMBRE A MÁS DE UN MES
Hace más de 40 años Andrés Jiménez Páez construyó su casa en la calle de Lázaro Cárdenas, número 7 en San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, una delegación caracterizada por sus paisajes rurales y la zona de embarcaderos y chinampas. Conforme la familia fue creciendo con la llegada de los nietos y los yernos, la casa también se amplió para albergarlos a todos.
Con el sismo la casa terminó con fracturas y cuarteaduras en los muros de carga, la losa se fracturó, el cuarto del primer piso se derrumbó, en general la casa se está hundiendo y ya no es habitable. Aun así el DRO que hizo la inspección dijo que la casa -que en su opinión estaba en construcción- tiene daños moderados.
A pesar del dictamen del experto ya nadie vive allí, pero siempre hay alguien cuidando el inmueble, integrantes de la familia permanecen durante todo el día en medio de lo que quedó de su hogar vacío, sin muebles y algunos escombros. Allí están las mujeres, los varones e incluso los niños que aún no acuden a la escuela, están en espera de respuestas.
La familia Jiménez no se aleja de su hogar porque necesitan estar allí cuando llegue una autoridad. La vez que llegó el DRO sólo estaba el señor Andrés, un adulto mayor que no sabe leer ni entiende de programas sociales, a él le pidieron que firmara la hoja donde se leía que la casa tenía daños moderados.
A la casa ya pasó gente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de Prospera. Hay dos etiquetas que lo comprueban como en casi todas las viviendas del pueblo y aunque el personal que acudió les prometió apoyos no les dijeron cuándo ni cómo, creen que tal vez en unos dos o tres meses tengan claridad.
Las hermanas Gloria Beatriz y Rosa Mireya Jiménez López cuentan que empresas particulares y voluntarios los han apoyado, ellas recibieron unos polines para su casa, también recibieron comida de quienes llegaron a apoyar y aclaran que esa es la única ayuda que han tenido.
Gloria y Rosa, amas de casa, creen que la casa debe derrumbarse. Aunque el dictamen que tienen dice que la casa tiene daños moderados sus ojos ven otra cosa, no saben qué hacer, con quién acudir, quién debe asumir los gastos ni cómo hacerlo de manera segura sin dañar las casas aledañas.
La familia, en su mayoría de agricultores de flores, cuenta con tres opiniones: una persona de Protección Civil les dijo que la casa no era habitable, unos ingenieros de Jalisco confirmaron dicha versión, después otros arquitectos dijeron lo mismo, pero el DRO les afirmó que sí es habitable. No saben a quién creer.
“Nos van a dar una tarjeta, pero es un apoyo, no es regalado”, se trata de un crédito de 120 mil pesos para reconstruir una casa que a tres familias les costó cuatro décadas.
El 4 de octubre Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal y de la capital crearía un fondo para otorgar créditos de hasta dos millones de pesos, a 20 años con 9 por ciento de interés, el gobierno asume el pago del capital y el damnificado los intereses.
Guadalupe es una adulta mayor que vivió el movimiento estudiantil de 1968 y después de septiembre dice que lo que más le ha dado tristeza en su vida es el desastre del sismo. El movimiento de la tierra acabó con su casa y dice que en este momento de su vida no tiene fuerza para empezar desde cero.
De acuerdo con la Comisión de Gestión Integral del Agua en la zona ejidal de cultivo de San Gregorio Atlapulco, el suelo se hunde 25 centímetros al año y la región tiene grietas que datan desde la década de los 80 en canales, edificios, casas y calles, producto de la sobreexplotación de mantos acuíferos.
El sábado 4 de octubre, en recorrido por San Gregorio, diputados locales y funcionarios de gobierno aseguraron que la suma de esfuerzos haría posible sacar adelante esta zona. Ese día dijeron que había mil 250 casas afectadas, de las cuales se tendrán que reconstruir 250. La demolición ya comenzó pero el proceso aún es muy lento.
Guadalupe es jubilada de intendencia y su esposo es chinampero. Ambos rentan un cuarto porque no pueden regresar a su casa, una estructura que se está hundiendo. Regresan todos los días a las ruinas de su hogar. Ella está enferma y ni siquiera puede recoger las cosas que quedaron esparcidas por doquier, aun así prefiere estar allí, contemplando lo que quedó de su patrimonio.
Ahora que los gobernantes están concentrados en los cargos que podrían obtener en las elecciones de 2018, Guadalupe y otras mujeres de Xochimilco y las demás delegaciones no creen poder iniciar una reconstrucción solas, sin el apoyo del Estado, por eso protestan desde los lugares donde se refugian, sin salir a las calles, porque no pueden y no quieren alejarse de la casas derruidas donde permanecen sus recuerdos.
Fuente: Cimacnoticias
